Milei continúa con su plan de desmantelar el Estado: recortes profundos en el INTI y el INTA.
Un amplio decreto determinó que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) quede subordinado al Ministerio de Economía. Según Sturzenegger, sus funciones ‘podrían ser asumidas por el sector privado’, al que —afirmó— el organismo estatal desplazaba con su actividad. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrentará un proceso similar, mientras que otros entes fueron directamente eliminados.
A través de un extenso decreto y en el último día con facultades delegadas otorgadas por el Congreso, el gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva etapa de desmantelamiento del Estado. Siete organismos clave —centrales en el control de calidad, la seguridad sanitaria y el apoyo a pequeños sectores productivos— fueron disueltos, reestructurados o degradados.
Se trata de instituciones con décadas de reconocimiento nacional e internacional, que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, descalificó como “ineficientes” y responsables de “obstaculizar” el desarrollo por sus controles.
El caso más emblemático es el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que perderá su autonomía y pasará a depender del Ministerio de Economía. El gobierno argumentó que sus tareas podrían ser asumidas por el sector privado, al que —según Sturzenegger— el organismo estatal perjudicaba por ofrecer servicios en mejores condiciones de mercado.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) correrá la misma suerte: será reubicado bajo la Secretaría de Agricultura. El Ejecutivo lo acusó de haberse desviado de su función técnica para convertirse en una herramienta de “militancia política” alineada con la Agenda 2030.
También fueron blanco del ajuste la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) —prácticamente desmantelada y convertida en una dirección nacional sin capacidad propia— y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), ya anunciado para su cierre.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) quedó disuelto, con sus funciones trasladadas a Agricultura, bajo el argumento de reducir la intervención estatal en un área dominada por intereses privados y multinacionales.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mantendrá su existencia, pero limitado al comercio exterior y sin capacidad de fiscalización interna: solo actuará si los productores lo solicitan voluntariamente.
Por último, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) dependerá de la Secretaría de Comercio, pero perderá su personería jurídica y patrimonio propio.
La medida fue formalizada mediante el decreto 462/2025, que expone una serie de críticas generalizadas a estos organismos como justificación de su reducción o eliminación.