Investigación judicial sobre la presunta financista vinculada al trumpismo
La Justicia confirmó que la azafata vinculada a sectores de la derecha regional —quien aparece en una foto junto a Javier Milei durante ese mismo viaje— ingresó al país con múltiples valijas que evitaron controles aduaneros. Está siendo investigada por presunto contrabando.
Ni un simple equipaje de mano, ni un descuido en la Aduana como intentó sostener el vocero presidencial Manuel Adorni. Casi cinco meses después de la filtración del escándalo, la Justicia avanzó finalmente en el esclarecimiento del caso de Laura Belén Arrieta, la llamada «valijera libertaria» vinculada a diversas terminales de servicios y a los socios trumpistas de la derecha norteamericana cercanos a Javier Milei.
Arrieta, exazafata, llegó al país en febrero de este año desde Miami en un vuelo privado. Desde Ezeiza se filtró que eludió los controles aduaneros: ni sus valijas ni la aeronave que la trajo fueron revisadas. El Gobierno negó tanto la existencia del hecho como cualquier sospecha sobre la falla en los controles. Sin embargo, finalmente se confirmó que fueron 10 valijas las que entraron sin pasar por Aduana y la Justicia investiga el caso bajo la hipótesis de contrabando, entre otras.
Las imágenes que muestran el caso fueron difundidas por el canal TN. Sobre esto, el diputado Maxi Ferraro, que sigue la causa desde sus inicios, declaró a Página/12:
«Es gravísimo que los amigos y socios del poder se muevan con estos niveles de privilegio e impunidad. Pero aún más grave es que el Gobierno haya intentado encubrirlo y haya mentido públicamente. Cuando la palabra oficial pierde credibilidad, lo que queda es el encubrimiento y la impunidad.»
Ferraro agregó que presentó cuatro pedidos de acceso a la información ante Migraciones, Aduana, PSA y ANAC, todos rechazados o respondidos con evasivas. Sin embargo, destacó que la Justicia continúa investigando y aseguró que insistirá hasta que se conozca toda la verdad.
Las valijas, la valijera y la red
El escándalo, que estalló en marzo pasado, sacudió al gobierno de Javier Milei cuando se supo que una integrante de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Argentina había ingresado al país con valijas sin pasar por los controles correspondientes. La investigación, impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal, reveló que la situación era más grave de lo que se conocía inicialmente.
Se comprobó que Laura Belén Arrieta, exazafata de 32 años, arribó en un vuelo privado de Royal Class, empresa propiedad de Leonardo Scatturice, empresario vinculado a Milei y la CPAC. Proveniente de Miami, llegó con cinco valijas sin ser controladas, presumiblemente gracias a sus fuertes lazos con empresarios y funcionarios ligados al Gobierno y a la CPAC, cercana al expresidente Donald Trump.
Según fuentes, “por orden de arriba” el equipaje de Arrieta no debía pasar por Aduana. Frente a las denuncias, el Gobierno intentó despegarse del asunto y el vocero Manuel Adorni negó las irregularidades:
«Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, cumpliendo con la normativa,» afirmó.
Pero la investigación fiscal reveló que las valijas sin declarar eran en realidad 10, el doble de lo que se había rumoreado, y que hay más personas involucradas.
Investigación judicial y evidencias
TN difundió nuevos datos que revelan que la Justicia investiga el caso como posible contrabando. Se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad de Aeroparque que muestran irregularidades, además de declaraciones clave de funcionarios que intervinieron en el operativo.
Según el dictamen fiscal, varios pasajeros no pasaron por los controles aduaneros. Los tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, junto con Arrieta, fueron “reconducidos” por el personal aduanero sin atravesar escáneres ni revisión de equipaje. En contraste, el resto de los pasajeros sí fue inspeccionado, lo que los fiscales calificaron de “particularmente llamativo”.
El escrito fiscal enfatiza que la omisión de controles fue una decisión “expresa y directa” del personal aduanero, pese a contar con medios tecnológicos para realizar las inspecciones.
Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no había registrado oficialmente la nave. También se detectaron falsedades en los registros migratorios: el vuelo, que oficialmente salió de Fort Lauderdale, partió en realidad de Opa-Locka (Florida) y, en lugar de regresar directo a Fort Lauderdale, continuó hasta París.
Comportamiento sospechoso y vínculos políticos
La investigación también registró un “comportamiento inusual” de Arrieta: cámaras de seguridad captaron cómo entregó un teléfono a un agente de Aduana, que respondió con un gesto de “Ok”.
Como miembro de la CPAC y nexo entre esa organización republicana y el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), Arrieta organizó la cumbre de ultraderecha realizada en Argentina en diciembre pasado, evento en el que Javier Milei fue protagonista principal.