El Gobierno estudia la posibilidad de permitir el uso de divisas no declaradas mediante la suscripción de una declaración jurada.
Manuel Adorni, vocero presidencial y candidato a legislador porteño, anunciará las nuevas medidas, discutidas por Javier Milei y Luis Caputo, el jueves.
El gobierno de Javier Milei planea anunciar en breve una medida para incorporar al sistema formal los dólares no declarados en posesión de los argentinos. Esta iniciativa, revelada por fuentes oficiales a Infobae, permitiría el uso de estos fondos para consumos específicos tras la presentación de una declaración jurada que justifique su origen.
El objetivo central es las reservas de divisas y «remonetizar» la economía, buscando así estabilizar el tipo de cambio, fortalecer el peso, combatir la inflación e impulsar la actividad económica. La medida se enfocaría en aquellos ahorristas que adquirieron dólares durante el cepo cambiario y los guardaron en efectivo, exigiendo una justificación del origen lícito de los fondos. Se contempla un límite de USD 100.000 por persona, aunque aún no confirmado, y se estima que el stock total de dólares no declarados asciende a USD 200.000 millones.
El anuncio oficial, que se espera para este jueves, estará a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, un día antes de la veda electoral para las elecciones porteñas. La normativa, elaborada por diversas áreas del equipo económico (Ministerio de Economía, Banco Central, ARCA y UIF), busca cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
«Vamos a proteger la riqueza de la gente que ahorró sin cometer ningún delito, que son la gran mayoría de los argentinos. El peor enemigo del sistema antilavado es el cash», explican fuentes oficiales, subrayando que la medida se enfoca en combatir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
La iniciativa no constituye un blanqueo tradicional, sino que busca flexibilizar los controles para el uso de dólares no declarados en consumos específicos, sin permitir su depósito como atesoramiento. El gobierno busca incentivar el ingreso de estos dólares al circuito formal, permitiendo su uso sin generar temor a futuras persecuciones.
Se aclara que la medida no implica modificar las leyes penales tributarias y cambiaria, ya que esto requeriría la intervención del Congreso. Se destaca que el blanqueo del año pasado permitió regularizar USD 20.000 millones en efectivo, lo que contribuyó a estabilizar el mercado cambiario.