El trasfondo de la proscripción de Cristina Kirchner
La Corte no tenía previsto pronunciarse sobre la causa Vialidad el martes, pero las presiones de sectores económicos y mediáticos aceleraron el fallo.
La Corte y la condena exprés a Cristina Kirchner: presión, cálculo político y una sentencia escrita de antemano
El martes por la mañana, como cada semana, los jueces de la Corte Suprema se reunieron para firmar fallos en su habitual «acuerdo». Sin embargo, lejos de ser un espacio de deliberación real, el clima entre los ministros está enrarecido y la solemnidad del ritual se ha convertido en una mera fachada. Bajo esa superficie, opera un tribunal reducido en número pero con una capacidad de daño mayúscula.
Ese día, el caso «Vialidad» —en el que se juegan la libertad y los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner— no figuraba entre los temas a tratar. Nadie esperaba una resolución. Sin embargo, las presiones de sectores mediáticos afines al gobierno y al macrismo, sumadas al empuje de los mercados y buena parte del empresariado, aceleraron los tiempos.
Horas después de que se dictara la condena, la Corte firmó también un aumento de sueldo para sí misma y el resto del Poder Judicial. El gesto pasó casi inadvertido, pero no fue casual.
Una reunión sorpresiva, una decisión anticipada
Poco antes del mediodía, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, sorprendió convocando a una reunión extraordinaria a las 16.00 para resolver el caso. Se basó en una acordada de 2003 que lo faculta a definir la «oportunidad» de tratar causas de «trascendencia». Algunos creyeron que solo fijarían una fecha futura, pero no: se iría por todo.
El más sorprendido, paradójicamente, fue Ricardo Lorenzetti. Aunque había presionado públicamente para que el fallo saliera antes de las elecciones, no esperaba una jugada tan abrupta. Pese a sus diferencias con Rosatti desde que perdió la presidencia de la Corte en 2018, este confiaba en su voto a favor de la condena.
Más incierta era la postura de Carlos Rosenkrantz. Dudaba respecto al momento: no veía necesario fallar antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de candidaturas en la provincia de Buenos Aires. No lo convencía impedir la postulación de CFK de forma tan directa. Pero las presiones externas pesaron más.
Desde dentro de la Corte se dejó trascender que Rosenkrantz tenía pasajes para viajar a México, lo que lo exponía a un posible escrache mediático si postergaba su decisión. Incluso se recordó cómo en su gestión como presidente había impulsado acuerdos urgentes en temas sensibles —como el de la presencialidad escolar en pandemia o los traslados de jueces sin concurso—, esperando reciprocidad ahora que era convocado por Rosatti.
Una sentencia bajo presión
Cristina Kirchner lo había dicho con claridad: la sentencia ya estaba escrita. El fin de semana previo, los principales medios ya adelantaban —sin matices ni condicionales, algo inusual en temas judiciales— que la Corte confirmaría la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, sin revisar las irregularidades señaladas por las defensas.
Y así ocurrió. A pesar de que el lunes varias fuentes internas decían que no habría resolución inmediata, figuras como Joaquín Morales Solá y Jonatan Viale intensificaron la presión mediática: “Trabajen… laburen”, chasqueó Viale en su programa. Al día siguiente, llegó la decisión.
La Corte notificó que Rosatti y Rosenkrantz habían entregado sus votos en sobres cerrados. Lorenzetti fue el último en sumarse. La sentencia, de 27 páginas, era en realidad un rechazo a los recursos de las defensas (y también al del fiscal, que pedía más pena). Estaba repleta de formulismos: que no se habían probado las anomalías, que las denuncias eran infundadas, que no se justificaban los planteos. Párrafos copiados de fallos anteriores, sin análisis propio. La Corte convalidó todo el proceso sin revisar nada. Incluso afirmó que CFK se había beneficiado económicamente, algo que jamás fue demostrado.
Imparcialidad en duda
El fallo ignoró hechos de extrema gravedad institucional. No consideró relevante que uno de los jueces del tribunal oral, Rodrigo Giménez Uriburu, jugara partidos de fútbol en la quinta de Macri con el fiscal del caso, Diego Luciani. Ni que el juez que instruyó la causa, Julián Ercolini, viajara a Lago Escondido invitado por Clarín. Tampoco importaron las múltiples visitas a Olivos y Casa Rosada de los jueces de Casación Borinsky y Hornos durante el mandato de Macri.
El mensaje fue claro: la Corte avala que los jueces se vinculen con políticos, empresarios y actores mediáticos sin que eso comprometa su imparcialidad.
El bonus: aumentos millonarios
Dos días después del fallo, los jueces supremos firmaron una acordada que otorgó un aumento salarial del 2,2% retroactivo al 1° de abril. Lo justificaron como una medida para “mantener el poder adquisitivo”. Pero sus ingresos ya son siderales. Según cifras oficiales, Rosatti percibe más de 19 millones de pesos mensuales; Lorenzetti, 19,5 millones; y Rosenkrantz, más de 18,5 millones. A esto se suman adicionales por títulos, antigüedad y bonificaciones. Y, para quienes ingresaron antes de 2017, la exención del impuesto a las ganancias.
Un proceso exprés, una señal política
La Corte recibió la causa “Vialidad” el 31 de marzo. El fallo llegó en apenas dos meses y diez días: un récord. Una muestra de que, cuando quiere, el tribunal puede actuar con velocidad. El contraste es evidente: causas de lesa humanidad, jubilaciones, o incluso el reclamo por el ARA San Juan duermen en los despachos durante años. Lo mismo ocurre con el DNU 70/2023, aún sin resolución.
La causa contra Cristina también había pasado por la Corte en 2019, cuando su defensa pidió que se suspendiera el juicio por falta de peritajes. La Corte pidió el expediente, pero lo devolvió en 24 horas tras el revuelo mediático. El juicio avanzó, sin pruebas.
En este marco, la condena de Cristina aparece como una decisión profundamente política, sostenida por un Poder Judicial funcional al poder económico y mediático. La AmCham —la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina— incluso presionó para que se condenara a la expresidenta, según denunció Axel Kicillof.
Pese a su rivalidad, Rosatti y Lorenzetti están alineados en un objetivo común: castigar a la figura central del kirchnerismo. Ambos fueron objeto de juicio político durante el gobierno anterior, y ambos conservan vínculos con sectores del peronismo no cristinista.
Así, en un país donde la libertad se declama pero el odio se institucionaliza, la Corte Suprema cerró filas para excluir a Cristina de la competencia electoral. No sorprendió la decisión. Solo su velocidad. Y su obscena utilidad política.