Panorama de las 60 empresas públicas bajo supervisión del Gobierno y los primeros pasos hacia su privatización para fortalecer las reservas.
Entre las alternativas consideradas se encuentran los concursos públicos, las ofertas en Bolsa y las concesiones. Al mismo tiempo, bancos privados y organismos multilaterales participan en la organización de roadshows para atraer a inversores tanto locales como internacionales.
El Gobierno avanza con su plan de privatizaciones: ya hay ocho empresas bajo la lupa y se espera captar millones para reforzar las reservas
El Gobierno de Javier Milei tiene bajo supervisión unas 60 empresas públicas distribuidas en 12 jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional, según información recabada por Infobae a través de fuentes oficiales. En línea con su ideario liberal, desde la administración repiten una consigna que remite a la década del noventa: “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, dejará de estar controlado por el Estado”.
Actualmente, el foco de la gestión está puesto en la privatización –total, parcial o mediante concesiones– de ocho compañías incluidas en la Ley Bases recientemente aprobada. Estas son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
El proceso está encabezado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con el seguimiento cercano del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Habrá venta de activos por miles de millones de dólares”, anticipó Caputo en el programa Carajo, al referirse a los mecanismos que permitirán sumar divisas al Banco Central sin necesidad de intervenir en el mercado cambiario.
Las opciones en estudio incluyen:
- Concursos públicos para la venta de acciones, abiertos a inversores nacionales e internacionales, bajo esquemas similares a los de fusiones y adquisiciones.
- Ofertas Públicas de Venta (OPV) en Bolsa.
- Concesiones de operación, con la eventual disolución de la empresa una vez finalizado el proceso.
Bancos privados y organismos multilaterales ya colaboran con el Gobierno en la organización de roadshows para atraer interés inversor, aunque persisten algunas incertidumbres que podrían demorar definiciones: la estabilidad macroeconómica, la evolución de las reservas, la implementación efectiva de las reformas estructurales y el resultado de las elecciones de medio término.
Según pudo saber Infobae, hay al menos tres procesos en etapas avanzadas. El más inmediato es la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila), cuyas concesiones expiran en agosto. Caputo estima que el Estado podría recaudar entre 400 y 500 millones de dólares por esa operación. Además, se alcanzó un acuerdo con los gobernadores de Río Negro y Neuquén para que perciban un canon del 1% por el uso del recurso hídrico.
Otro caso en marcha es el de Intercargo, la empresa de servicios de rampa en aeropuertos. Tras la desregulación del sector, se abrirá un concurso para vender sus acciones. También avanza la venta del 50% de la participación estatal en Citelec –a través de Enarsa–, la sociedad controlante de Transener, principal transportadora eléctrica del país.
El proceso más firme, sin embargo, es el de Corredores Viales: se licitarán los tramos bajo su control y, tras completarse ese proceso, se procederá al cierre de la compañía.
En el caso de AySA, primero se establecerá un esquema de concesión –ya que hoy la empresa opera en el AMBA con un “permiso”– y se lanzará una licitación internacional. A futuro, no se descarta una subasta de acciones en el mercado.
Desde el Gobierno reconocen que el éxito del plan depende de la coyuntura política y económica. Por eso, gran parte de las privatizaciones se concretaría después de las elecciones legislativas, con la esperanza de que un clima de mayor estabilidad atraiga capitales.
Fuera del alcance inmediato de la Ley Bases, pero todavía en análisis, se encuentran otras firmas de alto perfil: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. También sigue en evaluación la privatización del Banco Nación, al que se le retiró recientemente el monopolio en el pago de salarios estatales.