Qué recursos tiene Cristina Kirchner en el plano internacional y cómo afectarían a su condena.
La defensa de la ex presidenta ya presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y está preparando otra que será remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consideran que existe la posibilidad de que el fallo sea revisado antes de 2027.
Cristina Kirchner busca apoyo internacional para revertir su condena antes de 2027
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner trabajan con un objetivo definido: lograr que la causa Vialidad sea revisada antes de 2027, con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, apenas horas antes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra la ex presidenta, que incluye prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En su presentación, acusó al Estado argentino de llevar adelante una “persecución política, mediática y judicial”.
El próximo paso es la CIDH. El equipo legal de Fernández de Kirchner tiene un plazo de seis meses para presentar una petición ante el organismo con sede en Washington, que deberá evaluar si toma el caso. Según anticipó Infobae, si lo acepta, la CIDH no revisará los hechos probados en el juicio de Vialidad, sino posibles violaciones a los derechos humanos de la ex mandataria.
La presentación se centrará en acusaciones de lawfare (persecución política mediante el uso del aparato judicial), falta de imparcialidad de los jueces, violación del derecho al juez natural, inversión de la carga de la prueba, vínculos indebidos entre la justicia y los medios, y vulneraciones al debido proceso.
Si la CIDH encuentra que hubo transgresiones a los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos —que en Argentina tiene rango constitucional— podrá emitir recomendaciones al Estado argentino y sugerir una solución amistosa. Si no hay acuerdo, el caso puede escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría dictar una sentencia contra el país.
Sin embargo, ni la CIDH ni la Corte Interamericana pueden revertir por sí solas la condena de la causa Vialidad. A lo sumo, podrían generar las condiciones para que un tribunal argentino revise el caso.
Dalbón sostuvo que el verdadero objetivo de la condena fue proscribir políticamente a CFK y anticipó que, aunque no se espera una decisión antes de las elecciones, “posiblemente para 2027 sí haya un pronunciamiento”.
No todos comparten ese optimismo. El abogado constitucionalista Diego Armesto advirtió que no se deben generar falsas expectativas: “No se puede hacer creer que la Comisión o la Corte Interamericana van a resolver esto de un día para otro”, afirmó. Citó como ejemplo el caso del colombiano Gustavo Petro, quien tardó más de cuatro años en obtener un fallo de la CIDH tras ser destituido como alcalde de Bogotá.
La estrategia de defensa también se apoya en el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal, que permite revisar una condena firme si un tribunal internacional así lo ordena. Además, invoca el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales firmados por Argentina.
Sobre el impacto de un eventual fallo favorable, el abogado penalista Juan Pablo Vigliero explicó: “Lo que diga la Corte Interamericana es vinculante. Puede ordenar que se revise una sentencia, aunque no puede revocarla directamente porque no actúa como una cuarta instancia judicial”.
A esto, Armesto añadió que la Argentina tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales que firma, aunque también recordó que otros convenios, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, recomiendan inhabilitaciones perpetuas en casos como el de Cristina Kirchner.
Entre los recursos disponibles, también se analiza la posibilidad de solicitar una medida cautelar ante la CIDH, un mecanismo de emergencia previsto en su reglamento para prevenir daños irreparables en casos graves y urgentes. No implica prejuzgar sobre el fondo del asunto, pero puede tener efectos políticos y jurídicos relevantes.
No obstante, expertos como Vigliero son escépticos: “En la Argentina funcionan los tres poderes del Estado. No es fácil pasar por encima de un fallo revisado por todas las instancias judiciales. No estamos ante un caso como los que suele abordar la Corte Interamericana, donde hay evidentes irregularidades institucionales”.